Con la firma del TLC con EE.UU., Chile deberá adecuarse a duras exigencias en materia de propiedad intelectual en vegetales. En el país del norte existe una agresiva campaña de fiscalización contra los infractores, tanto nacionales como extranjeros.
Andrés Acevedo y Sabine Drysdale

El pirateo en Chile no se limita a los best sellers, CD o películas que se venden en las veredas del centro de Santiago.

Muchas veces sin saberlo, algunos agricultores chilenos también le hacen el quite al derecho de propiedad intelectual. Prácticas habituales en el país, como sacar unas estacas para reproducir un árbol de una variedad protegida sin pagar la respectiva licencia, en otras latitudes son ilegales.

La firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., sin embargo, cambiará radicalmente la situación doméstica. En virtud del acuerdo, Chile debe adherir al convenio Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, Upov, del año 1991, mucho más estricto en materia de derechos de invención que la versión de 1978, que actualmente rige en el país.

Si hoy el titular de la patente de una variedad puede cobrar royalty por cada planta vendida, con Upov 91,esos derechos se extenderán hasta el fruto cosechado. Es decir, si un durazno proviene de un árbol multiplicado sin la autorización del licenciatario, la comercialización de ese fruto será ilegal.

Upov 91 además extiende los plazos de las licencias de 18 a 25 años en árboles y vides.

"No hay que olvidar que Chile no tiene la capacidad de abastecerse de nuevas variedades porque casi el 100% son extranjeras. Por ello, el respeto a la propiedad intelectual es el único camino para que los dueños de las variedades sigan colocando sus creaciones en el país. Más aún, el TLC reconoce a la propiedad intelectual como una de las formas de ingreso de inversión extranjera a Chile", explica la abogada Gabriela Paiva, socia del estudio Paiva y Cía.

Realidad estadounidense

Detrás de cada nueva variedad hay millones de dólares invertidos en tecnología y científicos que se han quemado las pestañas tratando de adecuarse a las exigencias de un mercado cada vez más inconformista. Las manzanas tienen que ser más jugosas y crocantes, las uvas carecer de pepas y los damascos tener "larga vida".

Esto aumenta los costos de los productores, quienes, para adaptarse a las modas, deben renovar las variedades frutales cada 7 o 10 años, cuando la vida productiva perfectamente podría extenderse al doble.

Por ello, muchos se resisten a pagar regalías por cada árbol plantado y prefieren propagarlos en forma "ilegal".

Según los cálculos de los viveristas estadounidenses, el 30% de los frutales de ese país infringen las licencias y patentes.

Es tal la sensibilidad que ha adquirido el tema en EE.UU., que en marzo del año pasado se formó la Nursery Licensing Association (NLA), entidad creada con el fin de hacer valer - amistosamente o en tribunales- los derechos de propiedad intelectual en la agricultura. La NLA es el brazo legal de los viveristas estadounidenses.

La advertencia que hace Rex Stratton, gerente de la entidad, a los productores es clara: "Es mucho más barato comprar árboles legales al principio, que luego lidiar con la NLA por infracciones a la propiedad intelectual" (ver infografía).

Stratton no habla en el aire. En 1998 la legislación estadounidense de patentes extendió los derechos de los obtentores a "todas las partes de la planta", incluyendo el fruto cosechado (como en Upov 91).

Según explican en la NLA, la nueva legislación permite ejercer el derecho de propiedad intelectual sobre cualquiera de los eslabones de la cadena comercializadora de un fruto. En concreto, las demandas pueden recaer sobre el productor, los transportistas, los exportadores, los importadores y, finalmente, los supermercados.

Stratton indica que quien sea requerido por infracción a esta ley - incluyendo extranjeros- no podrá alegar ignorancia, ya que por el solo hecho de intentar comercializar un fruto ilegal con los EE.UU. está sujeto a responsabilidad civil por daños y perjuicios. Es el estilo estadounidense de defenderse de lo que consideran una "competencia desleal".

Aterrizaje forzoso

Esta manera de entender los derechos de propiedad intelectual podría implicar un cambio importante en la idiosincrasia agrícola chilena.

Si bien no existen estimaciones oficiales del nivel de infracción en la materia, Juan Enrique Concha, gerente general de Viveros Requínoa, indica que el 50% de los duraznos y nectarines protegidos que se producen en Chile vienen de árboles propagados en forma "ilegal". La cifra de Concha se basa en el arqueo entre la cantidad de plantas que vende su vivero y el rendimiento promedio de cada una, versus la cantidad de frutos que hay en el mercado.

La afirmación del gerente de Viveros Requínoa, sin embargo, debe ser matizada, ya que la Ley 19.342 que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, es muy ambigua. Si bien no contempla una prohibición expresa de la propagación por estacas, su espíritu apunta a proteger los derechos de los obtentores.

Los tres abogados expertos en propiedad intelectual consultados para este reportaje tienen interpretaciones diferentes.

Según Fernando Castro, de Sargent & Krahn, multiplicar estacas para aumentar la cantidad de árboles de un predio no constituye delito. Gabriela Paiva, en cambio, cree que claramente lo es.

Sergio Amenábar, del estudio Federico Villaseca, en tanto, considera que es delito si se multiplica un árbol protegido con el fin de aumentar la plantación. A su juicio, sin embargo, no sería delito reemplazar, por ejemplo, un árbol que se haya secado, con la estaca de otro, sin tener que volver a pagar el royalty.

En estricto rigor, ninguno de ellos tiene la palabra final, ya que en Chile no hay jurisprudencia en la materia.

"Es una ley muy discutible", sentencia Castro. Y agrega: "No quedó muy clara y el Congreso la fue cortando con tijeras, por aquí, por allá para no perjudicar al agricultor".

Sin embargo, cualquiera sea la ley que rija en Chile, lo determinante para los exportadores son las legislaciones de destino, donde el tema ya está zanjado.

La presión que viene

Varios factores se han conjugado para que la fiscalización del tema en EE.UU. sea mucho más rigurosa. Las leyes de Bioseguridad y Bioterrorismo, implementadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, exigen planes de trazabilidad de toda la cadena productiva y comercializadora. Aplicados al campo de la propiedad intelectual, permiten detectar fácilmente si un fruto cumple con el pago de licencias, desde el predio hasta la cadena de retail.

Y gracias a la tecnología de identificación del ADN sólo bastará con tomar muestras en supermercados para comprobar si la fruta corresponde a una variedad protegida y de ahí rastrear los embarques hasta su origen.

De hecho el mega mercado Wal-Mart acaba de anunciar que pondrá en marcha el sistema Rfid (radio frequency identification), tecnología que utiliza etiquetas que emiten señales de radio inalámbricas que pueden rastrear en el acto cada caja de fruta hasta el predio donde fue cosechada.

"Estos sistemas someten a las compañías a una enorme presión para respetar los derechos de propiedad intelectual. Los retailers simplemente se negarán a hacer negocios con los infractores", explica Stratton.

"Los requisitos irán creciendo hasta llegar a necesitar un documento que acredite la compra legal de las plantas de las cuales se está exportando la fruta y por lo tanto acreditar la legalidad de los viveros que venden las plantas", señala Uwe Pfeil, presidente de la Asociación de Viveristas de Chile.

Mejor prevenir...

Por estos días, la Nursery Licensing Association está estudiando el estado de respeto a las licencias de sus asociados en los distintos
países exportadores, Chile incluido. De hecho mantiene en curso 275 diputas con compañías infractoras.

"Hemos demandado a varias compañías extranjeras en las cortes estadounidenses y continuaremos en ese camino mientras no se respeten cabalmente las leyes de propiedad intelectual de nuestro país", señala el gerente. "Nuestro objetivo es educar a la industria agrícola en el respeto de la propiedad intelectual, y nuestra experiencia nos dice que el primer paso en una campaña en pro de estos derechos, es una serie de demandas que ilustren su importancia y valor", advierte.

OPINIONES

Ronald Bown

Presidente de la Asociación de Exportadores, Asoex.

Desde hace mucho tiempo que el sector cumple con esta y otras exigencias (pago de patentes) de los mercados internacionales. Los dueños de las variedades se han preocupado de proteger sus intereses, por una parte; por otra, la única manera de mantener el negocio exportador en el tiempo es cumpliendo con este tipo de exigencias. De hecho, existen casos paradigmáticos, como el de la uva Red Globe, en el que la industria como un todo ha reaccionado frente a la necesidad de regularizar su situación reglamentaria.

Como asociación nos hemos preocupado de mantener informados a todos nuestros asociados respecto de estas materias y de los cambios que se produciran a futuro con la norma Upov 91.

Creo además que los productores chilenos tienen muy internalizado el concepto de pago de patentes por propiedad intelectual, algo que en los últimos años ha adquirido una mayor relevancia producto de las exigencias internacionales y los TLC.

Publicado el 6 de Octubre de 2003, en Revista del Campo